Primeros efectos políticos de la irrupción social

 

 

 

 

 

El Ejecutivo no buscó dialogar ni contestar a la plataforma de la Mesa de Unidad Social que ha desempeñado un gran papel en el impulso de las movilizaciones y en canalizar las demandas ciudadanas.

Las gigantescas movilizaciones ciudadanas en el país a partir de mediados de octubre fueron teniendo crecientes repercusiones en la cúpula gobernante.  Primero fue el anuncio por Sebastián Piñera de una precaria agenda social, en que junto con anunciar algunos beneficios trató de reforzar el regresivo proyecto de reforma previsional en discusión parlamentaria incorporando mejoramientos a su texto, que ya podrían estar materializados si se hubieran tramitado aparte para seguir utilizándolos como mecanismo de presión . La movilización siguió aumentando y las demandas se hicieron más fuertes.

Luego vino el cambio del gabinete ministerial, con modificaciones en la casi totalidad del equipo político, el cual en lo fundamental lo acompañaba desde su anterior administración, con el que llevó adelante su campaña electoral y constituyó el núcleo central del aparato utilizado para intentar dirigir el país desde el inicio de la segunda.  Salió el ministro del Interior, su primo Andrés Chadwick, al cual se le presentó una acusación constitucional por violaciones cometidas a los derechos humanos y la aplicación de zonas de emergencia que funcionó en la práctica como un virtual estado de sitio.  Dejó su cargo también el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que lo había acompañado durante toda la primera administración y que se mantuvo hasta el último momento defendiendo el regresivo proyecto presentado de reforma tributaria y, en particular, lo que tanto él como el presidente Piñera declararon el “corazón” del mismo, la integración tributaria, cuya posibilidad de acuerdo se había vuelto imposible. Incluso el senador y vicepresidente de la UDI Víctor Pérez calificó de “torpe”, la persistencia del exministro en no negociar ese punto en su trámite parlamentario.

En sus primeras declaraciones luego de asumir, el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuando una gran demanda era que se retirase el proyecto de reforma tributaria, declaró que no votaría a la basura la integración y la mantendría en la mesa de negociaciones.  Sosteniendo a continuación la errada afirmación de que el sistema tributario chileno no sería regresivo ni progresivo sino neutral, dado intentó explicar que “tenemos un impuesto a la renta progresivo, pero un IVA que es regresivo (…)” (30/10/19).  Cuando el peso de los impuestos indirectos, ante todo del IVA, en su estructura, como porcentaje del total lo convierte claramente en regresivo, lo cual para modificarse obliga a actuar disminuyendo estos gravámenes y aumentando los progresivos, afectando en particular a los sectores de más elevados ingresos, al 1% de los contribuyentes, entre los cuales figura desde luego el presidente de la República, y eliminando los amplios beneficios y exenciones que le restan repercusión.

Al día siguiente, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en el curso de una reunión con dirigentes políticos de algunos partidos de oposición, dio a conocer que la integración constituía una medida que el Ejecutivo iba a revisar.  Horas después, Ignacio Briones fue más lejos, al informar públicamente que “el gobierno (…) declara oficialmente que se abre a revisar la integración, entendiendo que esta era una piedra de tope en la discusión” (01/11/19), destacando que se debe estudiar cómo abordar la situación de las pymes.  Debe recordarse que Larraín rechazó sistemáticamente dividir el proyecto, entre otros aspectos para cursar rápidamente la legislación sobre las pymes, las cuales ya habían llegado a un amplio acuerdo con la oposición durante el proceso de discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El senador socialista Carlos Montes, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se encuentra el proyecto de reforma tributaria, frente a estas formulaciones oficiales, luego de afirmar que “el gobierno está asumiendo la realidad, nadie está apoyando la reintegración, se le pasó el momento y la discusión está hoy más centrada en los “forados”, que abrió el proyecto, porque tal como está genera muchas posibilidades de evasión y elusión, que son peligrosas.  (…) creemos –recalcó- que el Gobierno tiene que asumir un cambio mucho más fuerte que lo que está planteando ahora.  Aquí, además de desechar la reintegración, revisar todos los ‘forados’ que se abren.  El propio gobierno necesita recaudar más y además toda la sociedad entera está pidiendo que los sectores de mayores ingresos aporten mucho más”. “(…) ha estado presente –manifestó en el mismo sentido el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber- la posibilidad de introducir un impuesto a aquellos chilenos de altos ingresos y patrimonio.  Y lo vamos a poner arriba en la mesa; hay temas que se necesitan abordar y no vamos a renunciar a eso” (01/10/19).

En cuanto al proyecto de reforma previsional, la nueva ministra del Trabajo, María José Zaldívar, ha insistido en oponerse a separar el proyecto posibilitando así la aprobación rápida del incremento a la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario.  Continúa con la táctica de mantenerlo como un factor de presión para la aprobación en su totalidad del regresivo proyecto. De igual manera se busca por el Ejecutivo establecer un largo camino antes de pronunciarse por ir a un nuevo texto constitucional.  En consecuencia, siguen pendientes temas fundamentales de las exigencias efectuadas en el estallido social.

Como otro tema central en la coyuntura es necesario tener presente que una consecuencia del escenario existente es la mayor desaceleración de la economía.  Ignacio Briones constató que es posible “para octubre tengamos un Imacec, si somos optimistas, del orden de cero, y lo más probable es que sea negativo”.  El promedio anual lo cifró en 2,2% (03/11/19), cuatro  décimas por debajo de la proyección efectuada cuando se presentó la ley de presupuestos, que a su vez requiere ser recalculada.  La realidad exige implementar políticas anticíclicas, prioritariamente fiscales, siendo particularmente necesario estimular la inversión productiva, además de atender grandes demandas sociales.

La oposición desde la derecha a las exigencias efectuadas sigue activamente presente.  El Mercurio ha sostenido editorialmente el rechazo a “sumarse precipitadamente al impulso de una nueva carta política.  Tampoco –agregó- una nueva Constitución parece una solución en el Chile actual para la búsqueda de un nuevo pacto social (…).  Desde otra perspectiva –concluyó-, la precipitación hacia una nueva Constitución puede arriesgar el valioso resultado de 37 reformas que ha recibido la actual, que reflejan –en su opinión- la evolución a lo largo de los años de un amplio consenso jurídico y político, el que resultaría absolutamente prematuro e intelectualmente soberbio dar por extinguido en dos semanas” (31/10/19).

Ello cuando en las mesas de ambas ramas del Congreso y la Corte Suprema se han dado pasos o efectuado declaraciones en esa dirección.  Y se efectúan en Cabildos pronunciamientos concretos avanzando temáticas que se deberían abordar.  Por ejemplo, el Colegio Médico de Santiago, el Colegio de Matronas y el Colegio de Enfermeras efectuaron un primer cabido donde abordaron, según detalló Natalia Henríquez, presidenta del Colegio Médico de Santiago, la modificación de la Constitución para establecer la salud como un derecho. O municipios que organizan discusiones con la pregunta si ¿se necesita una Asamblea Constituyente para transformar a Chile? y “qué tipo de acciones pueden realizar la ciudadanía y las organizaciones sociales para alcanzar sus objetivos”.  Sus conclusiones, dieron a conocer, se les hará llegar a la Mesa de Unidad Social.

Igualmente, El Mercurio editorialmente se pronunció en contra de una “discusión tributaria, como eventual mecanismo redistributivo y forma de proveer más recursos al Estado para financiar la provisión de bienes públicos”.  Recorriendo al muy gastado argumento de que ello “desincentivaría la inversión.  De hecho  -añadió- las posibilidades redistributivas de nuestro sistema se encuentran acotados por la baja proporción de la población que paga impuestos” (31/10/19).  Dirigiendo su mirada a gravar a los sectores exentos de tributar debido a su bajo nivel de ingresos y no a los grandes intereses que están en condiciones de hacerlo.

Por su parte, el Comité de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que agrupa a las organizaciones empresariales de la industria, banco, agro, minería, comercio y construcción, que expresa ante todo las opiniones del gran empresariado, analizando el cuadro dibujado por el estallido social evitó pronunciarse sobre los temas de fondo planteados, limitándose a señalar, a través de su presidente, Alfonso Swett, que “todo lo que sean acuerdos, de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía nosotros lo vamos a apoyar.  He visto a muchos empresarios –explicitó- una apertura a ser parte de la solución” (30/10/19).

Su afirmación se entendió como una referencia a la decisión de Andrónico Luksic, integrante del mayor grupo económico del país, de establecer un piso mínimo de $500.000 mensuales a trabajadores de sus empresas.  Hecho que, sin duda, no modifica en nada la mala distribución de los ingresos existentes en el país, aunque debe anotarse que expresó disposición a examinar un gravamen a los sectores de mayores ingresos, entre los cuales se cuenta, mencionando un gravamen del 1% sobre el patrimonio. “(…) ¿se dará cuenta Andrónico Luksic, que, si quiere hacer algo realmente útil –comentó Gabriel Palma-, no solo tiene que subir el salario mínimo de sus trabajadores, sino invertir sus capitales en la diversificación económica de Chile, incluida la industrialización del cobre de sus propias minas.  Y hacer eso en lugar de seguir sacando capitales para especular en cosas tan absurdas como en bancos españoles quebrados, o en comprar (a un precio sideral) una cadena de estaciones de servicio para camiones en Estados Unidos (cuando dichos camiones con sus motores a petróleo, ya tiene los días contados)”.

El destacado economista chileno de la Universidad de Cambridge llamó también la atención sobre el silencio de las corporaciones chilenas ‘internacionalizadas’ en el debate del TPP-11.  No vaya a ser –subrayó- que la gente se dé cuenta que ellas van a  estar entre los más beneficiados por el tratado.  Mejor que parezca que el TPP-11 solo genera conflictos de intereses entre las multinacionales  y el Estado chileno y sus habitantes”.  Cuando el tratado busca proteger que todas las decisiones adoptadas por el país que capitales extranjeros o nacionales sostengan que afectan sus “expectativas razonables de retorno a su inversión”, puedan ser cuestionadas  (30/10/19).  Por lo tanto, la táctica más adecuada para el gran capital es no pronunciarse.

Las demandas ciudadanas que ya habían obtenido se revirtiese el alza de las tarifas del metro y un mecanismo de estabilización en las tarifas eléctricas  presionaron por frenar el incremento anual en las autopistas urbanas.  El 27 de mayo se había iniciado un proceso de negociación con las concesiones de la Región Metropolitana: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, Vespucio Sur y Túnel San Cristóbal.  Se hablaba de una disminución del lesivo factor fijo de 3,5%, que se añade al IPC, llevándolo a 1,5%, pero el estallido social y las manifestaciones específicas en contra de las tarifas de los peajes, condujo a que en adelante solo se reajustará en la inflación anual.  La verdad es que debería haberse ido más lejos, dado que entre 2006 y 2018 las tarifas aumentaron un 97%.

Se establece un sistema de compensaciones por lo que dejan de percibir, que según explicó el ministro de Obras Públicas, Alfonso Moreno, puede adquirir dos formas de compensación cuando expiren los contratos dentro de quince años, prolongar el tiempo de operación o que el nuevo concesionaria lo asuma en la relicitación de la autopista.  No se considera su entrega al Estado.  Las tarifas interurbanas mantienen ese abusivo incremento extra más allá de la inflación.  En las concesiones de Américo Vespucio Oriente I y II existen incrementos del IPC + 1% y en AVO I, entre El Salto y el ingreso de Vitacura es de 3,5%.  Las concesionarias, por lo general, son empresas extranjeras. En otras palabras, el 3,5% adicional sigue vigente, los consorcios de las autopistas no recibirían ese monto desde enero, eso sí lo percibirán a futuro, con la posibilidad que se transforme en deuda pública, de no cumplirse con las  compensaciones.  El gestor de esta “solución” fue  Alfredo Moreno, con amplia experiencia en este tipo de tratativas, desde que manejó la crisis del grupo Penta en su momento más difícil.

De otra parte, Piñera se vio obligado a cancelar la realización en el país del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP25), que los consideraba entre sus mayores logros en materia internacional y que pensaba lo elevaría como una figura a nivel mundial.  Fue otro de sus “logros” esperados que se vino al suelo, al igual como el crecimiento económico o poner a  Chile en marcha.

 

FUENTE: El Siglo, Hugo Fazio. Economista