ANÁLISIS. El éxito del plebiscito exige terminar con los amarres

 

 

 

 

 

Existen no solo quienes están por mantener amarres vigentes, sino consolidarlos y ampliarlos.

El resultado del plebiscito, con una abrumadora votación a favor del Apruebo y que ella sea elaborada por una Convención Constitucional -la derecha se opuso que se le denominase de Asamblea Constituyente-, es expresión de profundos anhelos de cambios. Hubo “rechazo”, pero a la Constitución promulgada durante la dictadura. Constituye un primer paso trascendente en el camino hacia una Constitución elaborada democráticamente, que se enfrentará a un nuevo momento clave cuando se elija a los integrantes de la convención. Ello exige una gran presencia de la mayoría que está por los cambios para que esta elección se enfrente unitariamente por la mayoría a favor de su concreción y no fructifiquen los esfuerzos constantes de quienes están porque no se materialicen.

La votación, que porcentualmente incluso fue mayor a la del Apruebo, para que se realice la Convención, el banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs le asignó una gran significación. “El resultado sugiere un amplio apoyo para cambios más profundos en la Constitución -explicó-, ya que los miembros del Congreso en una convención mixta probablemente servirían como una fuerza de equilibrio. (…) validando un Estado más grande y una red de seguridad social más amplia (…)” (27/10/20).

Titulares de la prensa internacional destacaron acertadamente aspectos de su sentido profundo. Una idea reiterada fue como tituló The New York Times, que constituye el “Fin al capítulo de la dictadura”, después de que se puso término al régimen de Pinochet, sus amarres subrayó “perduraron durante tres décadas en temas trascendentes”. “El resultado-escribió por su parte Le Monde- superó las más locas esperanzas de los manifestantes (…). El 78% de los votantes lo hicieron a favor de una nueva constitución. El país, por tanto, acordó acabar con el texto actual, adoptado en 1980 bajo la dictadura (…) y que fue el primero en el mundo en reflejar las teorías neoliberales”. Él italiano Corriere de la Sera de Roma tituló “Chile adiós a la constitución de Pinochet: (…) con el histórico plebiscito se derogó la Carta de 1980, considerada la causa de las desigualdades que desataran las protestas hace un año”. El británico The Guardian comentó: “Una gran mayoría de Chile vota para eliminar la constitución de la era de Pinochet. (…) respaldan una nueva carta para reemplazar una impuesta por el dictador”. Finalmente, la conservadora publicación británica The Economist destacó que “la abrumadora mayoría de los chilenos votó para reescribir la constitución del país en un referéndum. Se consideró demasiado favorable al mercado, particularmente en áreas como la atención médica, la educación y las pensiones, lo que consolidó la división entre ricos y pobres” (26/10/20).

Los cambios constitucionales deben terminar con los numerosos amarres heredados de la dictadura y eliminar disposiciones que establecen limitaciones. El país se enfrenta a la tarea de reemplazarlos por un texto que libere potencialidades. Jaime Guzmán logró por décadas su objetivo de amarrar la economía chilena. “La Constitución -propició- debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distante de la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes jueguen en ella sea suficientemente reducida para ser extremadamente difícil hacer lo contrario”. Esto es lo que aconteció durante tres décadas, lapso que por ello necesariamente debe ser analizado críticamente.

La nueva Constitución debe posibilitar que cambios estructurales necesarios a realizar en el país sean posibles. Por ello, el destacado economista Gabriel Palma ha sostenido que la nueva Constitución debe ser “habilitadora”. “La Constitución de Pinochet -detalló- tenia ‘leyes de amarre’ con vistas a continuar el modelo neoliberal. Aceptó los cuerpos de ‘supervigilancia’ (Tribunal Constitucional, Banco Central ‘independiente’, Consejo Nacional de Educación (…), que sus dirigentes (la dictadura y la cúpula dirigente de la Concertación) negociaron miti-miti.  Sus (…) miembros debían ser confirmados en el Parlamento del duopolio”.

Es cierto que la Constitución de 1980 experimentó 53 modificaciones. Sin duda es un número apreciable, pero como anotó Javier Couso, catedrático de la Universidad de Utrecht, jamás se pudieron tocar los aspectos neoliberales y más ideológicos de la Constitución, donde se garantizan las soluciones privadas para problemas públicos en la educación, salud o la misma seguridad social” (26/10/20).

Sin duda que los sectores enemigos de los cambios, y en primer lugar los herederos de Pinochet harán esfuerzos por mantener amarres existentes. Carlos Cáceres, su último ministro del Interior y presidente emérito del udista Instituto Libertad y Desarrollo, cuando se le consultó si el 25 de octubre “era el fin de la Constitución de Pinochet”, contestó: “espero que no”. Señalando que se producirían incertidumbres, respecto al derecho de propiedad, a la facultad exclusiva del presidente de la República (en temas fiscales) o en la independencia del Banco Central “. Ya que afectaría, estimó, a la inversión extranjera. Desde luego, no es el único pronunciamiento en ese sentido. Para Vittorio Corbo, el expresidente del Banco Central, nominado en esa función por Ricardo Lagos, en un seminario de Sura, manifestó que temas básicos del texto a redactar deben ser: la propiedad privada, la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gasto público e impuestos para poder cumplir con la responsabilidad fiscal y la autonomía del Banco Central.

Existen también no solo quienes están por mantener amarres vigentes, sino consolidarlos y ampliarlos. Es el caso de Felipe Larraín, el exministro de Hacienda que defendió con gran intransigencia la regresiva reforma tributaria del programa de gobierno de Piñera, que proporcionaba enormes beneficios a grandes intereses económicos, hasta que la irrupción social de hace un año atrás obligó al Ejecutivo a abandonarla. Larraín se pronunció en un artículo publicado por El Mercurio, en mantener la “autonomía del Banco Central sin rebajarla a instancia de ley, sino manteniéndola a nivel constitucional”. Actualmente está en la Constitución y se rige por una Ley Orgánica Constitucional (LOC) promulgada por la dictadura. Su consejo se nomina por un sistema propio del antidemocrático esquema binominal, asignándole funciones unilaterales, copia del esquema impuesto en el Bundesbank alemán, absolutamente diferente por ejemplo al de la Reserva Federal estadounidense, y con mecanismos de política que muestran particularmente sus limitaciones en fases de baja actividad o recesivas como las actuales.

Pero, además, pretende que se vaya más lejos. Junto con mantener la iniciativa exclusiva del Ejecutivo “en materias de impuestos y gasto público”, propicia que “el principio de responsabilidad fiscal se eleve a nivel constitucional, hoy -se lamenta- existe una Ley de Responsabilidad Fiscal” (29/10/20) En el fondo lo que predomina en sus formulaciones está el panegírico de la austeridad fiscal. “Pero -como constató Mariana Mazzucato- está fijación en la austeridad para reducir la deuda yerra en un asunto básico: lo que importa es su crecimiento a largo plazo, su fuente (en lo que se invierte) y su distribución (quién obtiene la recompensa). Si, a través de la austeridad, los recortes se llevan a cabo en áreas esenciales que crean los recursos para un futuro crecimiento entonces el PIB no crecerá. Si, en cambio, la inversión pública se realiza en áreas como la infraestructura, la innovación, la educación y la sanidad, dando pie a sociedades sanas y creando oportunidades para todos, los ingresos fiscales muy probablemente crecerán y la ratio entre la deuda y el PIB disminuirá. Al final -concluyó-, la elección de una política depende mucho de la idea que cada uno tenga del papel del Gobierno en la economía (…)”[1].

Carlos Cáceres recordó que para el plebiscito de 1988 se estableció que si la propuesta de la dictadura era rechazada habría un lapso de “un año y medio de transición en el que seguiría gobernando el gobierno militar y que durante ese periodo se iban a elaborar las leyes que no estaban aprobadas todavía”. Como es conocido fue un periodo que la dictadura aprovecho al máximo entre otros amarres se promulgó la LOC del Banco Central. Ahora, en la primera reunión del gabinete ministerial de Piñera, efectuada al día siguiente del plebiscito, se analizó las prioridades de la agenda legislativa. Entre ellas se subrayó la importancia de sacar adelante una reforma de pensiones. “(…) las propuestas (en materia de pensiones) –declaró luego de la reunión Cristian Monckeberg, secretario general de la presidencia- están sobre la mesa y esperamos que esa reforma se concrete a la brevedad. Ha sido el propio presidente -añadió- que ha mandatado a los ministros de Trabajo y Hacienda para buscar y resolver pronto esa reforma de pensiones” (27/10/20). Por tanto, se pretende dejar amarrado el esquema previsional desoyendo la demanda de no más AFP.

En la tarde del mismo día, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobaba con un solo voto en contra de un parlamentario de la UDI, por tanto, con el voto a favor de diputados de Chile Vamos, un proyecto que establece un segundo retiro del 10% del fondo de pensiones, manejado por grandes intereses económicos. “(…) frente a una falta de alternativas del gobierno, ante una clase media que está angustiada, endeudada por los créditos hipotecarios (…) incapaz de enfrentar los gastos de consumo – señaló Andrés Celis, diputado de R.N.- (…) la única opción es recurrir a este fondo” (28/10/20. Los representantes del Ejecutivo pidieron que quedara planteada la reserva de constitucionalidad, dejando abierta la alternativa de recurrir al Tribunal Constitucional, uno de los amarres de la Constitución de Pinochet.

La nueva rebelión de diputados de Chile Vamos motivó al día siguiente una reunión de Sebastián Piñera con sus ministros de Hacienda y Trabajo encargados del tema previsional. El hecho producido adquirió una dimensión aún superior, dado que cuatro parlamentarios titulares en la comisión de RN y Evopoli cedieron sus puestos en la sesión a otros diputados que votaron a favor del nuevo retiro de fondos. Ello refleja una crítica organizada al manejo del Ejecutivo frente al tema. “Le venimos pidiendo hace semanas al Gobierno -manifestó Gonzalo Fuenzalida, uno de los diputados reemplazados- una alternativa y, a pesar de todo lo que hemos vivido en el último mes, este Gobierno no entiende que los proyectos o las propuestas hay que enfrentarlas con alternativas y no con negativas” (28/10/20).

El inicio del proceso hacia una nueva Constitución también pretendió establecer amarres al acordar la vigencia de todos los acuerdos internacionales suscritos, a pesar de que algunos de ellos son absolutamente contrarios a la soberanía nacional. Ello acontece con los que proporcionan inaceptables privilegios de inversiones extranjeras, impidiendo en la práctica cualquier cambio que considere reduzcan las utilidades que proyectan obtener. “En dichos tratados -como se ha denunciado muchas veces- cualquier cambio regulatorio, cualquier cambio de política económica que enfrente la rentabilidad de cualquier corporación internacional o chilena internacionalizada abre las compuertas a demandas compensatorias, las cuales por supuesto no se resolverán en cortes chilenas”.

En el plebiscito estuvo presente la situación concreta de la población y en un contexto de predominio de componentes negativos. En octubre el Índice de Percepción de la Economía (Ipec), que publica mensualmente GfK Adimark completó 27 meses consecutivos en zona de pesimismo. Como la segunda administración Piñera llevaba al efectuarse el plebiscito algo más de dos años y medio, este estado de ánimo está presente en casi todo dicho lapso, desde julio de 2018. “Las personas votan -reflexionó Max Purcell, gerente general de Adimark- por opciones que sienten que les van a ayudar, y la campaña, así como el triunfo amplio del Apruebo llegarán como una señal positiva” (31/10/20). El indicador de octubre anotó 29,9 puntos, cuando se requieren cincuenta para alcanzar la zona de optimismo. El subíndice más negativo fue “situación país” con 23,7 puntos y luego “situación personal actual” con 26,1 puntos. El menos negativo lo proporcionó “situación de compra de artículos para el hogar”, 34,2, en un mes que se redujeron las medidas restrictivas para enfrentar la pandemia, por tanto, bajó la alta tasa de la población sin trabajo y estaba presente el incremento de los ingresos personales por el retiro del 10% del fondo de pensiones.

[1] Véase Mariana Mazzucato “El mito de la austeridad” en El valor de las cosas. Penguin Random House Grupo Editorial. Barcelona 2019, págs. 320-328

 

FUENTE: EL SIGLO