Columna por Dissa Castellani Martínez, Seremi (S) del Trabajo y Previsión Social de Atacama
Cada 25 de noviembre el mundo entero alza la voz para denunciar la violencia que enfrentan miles de niñas y mujeres, y para exigir a los Estados políticas concretas que permitan erradicar, de manera efectiva, todas las formas de violencia de género. No se trata solo de una fecha simbólica: es un recordatorio de la urgencia de transformar estructuras culturales, desigualdades históricas y relaciones de poder que han permitido que estas violencias persistan.
En Chile, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha asumido con determinación este desafío, y por ello, desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social hemos impulsado una agenda robusta con enfoque de género, orientada a reducir brechas, promover la autonomía económica de las mujeres y erradicar todas aquellas prácticas que las expongan a discriminación o abuso.
La autonomía económica es un elemento central para la libertad de las mujeres, porque permite que tomen decisiones sin depender de terceros, cuenten con mas herramientas para romper ciclos de control o violencia y ejerzan plenamente sus derechos. Contar con ingresos propios, protección social y oportunidades laborales reales no solo fortalece su independencia material, sino también su capacidad de proyectar un futuro en igualdad y sin temor.
Entre los avances más significativos se encuentra la Reforma de Pensiones, que incorpora mecanismos para reconocer las desigualdades que enfrentan las mujeres a lo largo de su vida laboral. Las lagunas previsionales derivadas del trabajo doméstico no remunerado, los periodos de maternidad y las menores oportunidades de empleo históricas han impactado negativamente en sus jubilaciones. Con esta reforma, se busca corregir esas brechas estructurales, fortaleciendo su autonomía económica y reduciendo situaciones de dependencia que muchas veces perpetúan la violencia.
A esto se suma la Ley 21.645 de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que reconoce la carga de cuidados que recae, casi siempre, en las mujeres. Esta ley incorpora herramientas que permiten equilibrar de mejor manera sus responsabilidades laborales y familiares, promoviendo la corresponsabilidad y combatiendo una forma de violencia estructural que ha obligado por décadas a las mujeres a postergar su desarrollo laboral, académico y personal.
Otro avance fundamental es la Ley Karin, que establece procedimientos claros y obligatorios para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Esta normativa fortalece la protección de las trabajadoras y trabajadores y promueve ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de hostigamiento, condiciones
clave para garantizar que las mujeres puedan desempeñarse en espacios dignos y libres de abuso.
Asimismo la Ley de 40 Horas también contribuye a la equidad de género al reducir la sobrecarga que enfrentan las mujeres, quienes tradicionalmente asumen dobles jornadas entre el trabajo remunerado y las labores domésticas y de cuidado. Al acotar la jornada semanal, esta ley favorece la conciliación entre la vida personal y laboral, promueve un uso más equilibrado del tiempo y mejora la calidad de vida de todas las trabajadoras.
Finalmente, el Proyecto de Sala Cuna Universal, actualmente en tramitación en el Senado, busca garantizar el derecho al acceso universal a sala cuna independentemente del tamaño de la empresa o del tipo de contrato. Este proyecto derriba una barrera histórica para la incorporación laboral de las mujeres, ya que facilita su acceso al empleo, fortalece su autonomía económica y promueve una distribución más justa de los cuidados, elementos esenciales para prevenir la violencia económica y las desigualdades de género.
Pero la erradicación de la violencia de género no se limita únicamente a las mujeres adultas. También implica asegurar una infancia libre, protegida y con oportunidades reales de desarrollo para niñas y adolescentes, quienes muchas veces asumen desde temprana edad roles de cuidado y labores domésticas. En este sentido, desde el Ministerio del Trabajo impulsamos también el Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes que Trabajan (CRETI), cuyo objetivo es coordinar acciones para prevenir y eliminar toda forma de trabajo infantil, especialmente aquellas que afectan directamente a niñas y adolescentes, perpetuando desigualdades de género y vulneraciones de derechos.
De acuerdo con el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de la OIT (1999), ratificado por Chile en el año 2000, una de las vulneraciones más graves es la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), que incluye la utilización de menores en actividades sexuales remuneradas, la trata con fines de explotación sexual, el turismo sexual infantil, la producción y distribución de pornografía infantil y el uso de niños y niñas en espectáculos sexuales tanto públicos como privados. Estas prácticas constituyen violencias extremas y atentados severos contra los derechos humanos, que requieren respuestas urgentes y coordinadas del Estado. Por ello, el Ministerio del Trabajo participa activamente en la elaboración del Cuarto Marco para la Acción contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, reafirmando nuestro compromiso con la protección integral de la infancia y la prevención de las violencias que afectan especialmente a niñas y adolescentes.
Como ocurre con todas las políticas públicas, su implementación requiere recursos que permitan sostenerlas en el tiempo y garantizar su efectividad. En el Gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos defendido estos presupuestos con firmeza, priorizando su financiamiento para asegurar que los derechos y beneficios comprometidos se traduzcan en acciones concretas y sostenibles. Esperamos que este compromiso público con la protección social y la igualdad de las mujeres continúe siendo una prioridad, porque solo con voluntad política y respaldo presupuestario es posible avanzar en un país donde todas vivan con dignidad y libres de violencia.
El 25 de noviembre nos recuerda que la erradicación de la violencia contra las mujeres —y contra todas las niñas y adolescentes— es un deber permanente del Estado y un compromiso ético de la sociedad en su conjunto. Desde el mundo laboral, nuestro desafío es garantizar condiciones dignas, seguras y justas para todas, promoviendo su desarrollo integral y su autonomía económica. Solo así podremos construir un país donde ninguna mujer ni niña vea vulnerados sus derechos por el solo hecho de serlo.