El diputado indicó que “la dimensión de esta reforma es bastante grave desde el punto de vista del sistema político e institucional. Es un claro atentado a la democracia”. Sostuvo que “lo que facilita esta reforma es perseguir políticamente a la disidencia y esto se enmarca claramente en un fenómeno global, en una estrategia global, que está levantando Estados Unidos”. El legislador valoró la decisión del Tribunal Constitucional en cuanto a no acepar argumentos para mantener cortes de servicios básicos en caso de catástrofes y afirmó que “lo importante es que la gente, que vive situaciones de catástrofe como las que vimos con los temporales, tendrá la garantía, desde el punto de vista legal, de que serán activados los servicios básicos”, una norma propuesta por la bancada legislativa del Partido Comunista.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 30/8/2026. Continúa el debate en torno del proyecto del Gobierno sobre seguridad. Se habla de modificaciones formales, pero la esencia de la iniciativa se mantendrá, sobre todo en relación a estados de excepción, atribuciones exclusivas del jefe del Ejecutivo. Se discute la técnica, el contenido de la propuesta, pero apareció una mirada en cuanto a que este proyecto atentaría contra derechos civiles, contra el sistema democrático, que generaría un Estado de rasgos autoritarios.
La reforma constitucional propuesta por el Gobierno, vista como un todo -en realidad no se puede separar en partes-, vista en su conjunto, altera la naturaleza del régimen constitucional chileno y pasa de un Estado democrático, a un régimen autoritario, esa es la naturaleza auténtica de esta reforma. ¿Por qué? Porque relativiza la protección de garantías ciudadanas fundamentales, le da atribuciones y le concentra el poder al Presidente de la República, no sólo para decretar estados de excepción, sino también para calificar a determinadas agrupaciones como terroristas o criminales. También evita o relativiza garantías que son parte de tratados internacionales firmados por Chile, de acuerdos internacionales sobre derechos humanos firmados por nuestro país y que tienen rango constitucional por aplicación del Artículo 5° de la Constitución. La dimensión de esta reforma es bastante grave desde el punto de vista del sistema político e institucional. Es un claro atentado a la democracia.
Por lo que me dices, ustedes no están por ir a partes del proyecto, sino rechazarlo y buscar otras vías legislativas para el tema de seguridad.
Es que desde el punto de vista de la seguridad pública este es un proyecto absolutamente innecesario, porque el Estado ya tiene el deber constitucional de otorgar seguridad a la población, y hay mucha legislación aprobada sobre este tema. En consecuencia, no hay necesidad de hacer una reforma a la Constitución. Lo que ocurre, realmente, es que esta reforma no tiene nada que ver con seguridad pública, y no hay argumentos plausibles que justifiquen el entregarle atribuciones tan decisivas al Presidente de la República. Lo que facilita esta reforma es perseguir políticamente a la disidencia y esto se enmarca claramente en un fenómeno global, en una estrategia global, que está levantando Estados Unidos, (Donald) Trump ya lo hizo, ya declararon a ciertas organizaciones como terrorismo interno, y eso es persecución a la disidencia interna.
Desde el gobierno y segmentos del oficialismo se afirma que la oposición, al final de cuentas, no quiere legislar sobre seguridad pública, no quiere una reforma a favor de la seguridad de chilenas y chilenos.
Eso es absurdo, es una manipulación, porque lo que está hoy presente respecto a seguridad tiene que ver más con la gestión que con aprobar más leyes. Ya hemos aprobado muchas leyes y lo que falta es una buena gestión. El Gobierno reconoció que no tenía un plan de seguridad, no hay medidas para perseguir la ruta del dinero, que es la fuente de alimentación del narcotráfico y del crimen organizado, no hay una sola palabra sobre el origen y la prevención de la delincuencia, tampoco sobre las condiciones de las cárceles y las condiciones laborales de los gendarmes. El Gobierno quedó al descubierto y usa como excusa la seguridad para plantear una reforma que muestra una nostalgia pinochetista y no hay ninguna posibilidad de hacer concesión alguna respecto de esta reforma, a menos que ser retirada por antidemocrática. Si no, hay que pensar que esto es controlable por el Tribunal Constitucional, hay fallos al respecto, en cuanto a que las reformas constitucionales no son ilimitadas, sino que tienen un límite que es la protección de la juridicidad del Estado de Derecho y de las garantías fundamentales que este proyecto no respeta, todo lo contrario. Esta reforma pretende cercenar los derechos ciudadanos de forma tal que, por ejemplo, un ciudadano puede ser detenido simplemente porque al presidente se le ocurrió.
¿Todo esto corrobora que este es un Gobierno iliberal, de extrema derecha?
La palabra iliberal puede sonar muy bien, pero me parece una suerte de eufemismo para mostrar que estamos frente a un Gobierno de extrema derecha, que es un Gobierno autoritario que tiene una aspiración de socavar el régimen democrático como lo hace Trump. Debo recalcar que cuando se minimizan reformas de este tipo, luego tienen consecuencias irreversibles, afectan la sobrevivencia del sistema democrático y el respeto a los derechos humanos.
La gente tendrá la garantía de que serán activados servicios básicos
¿Qué consecuencia tuvo la decisión del Tribunal Constitucional sobre restituir servicios como agua, electricidad, gas, a los ciudadanos en zonas de catástrofes? El Gobierno y las grandes empresas han estado en contra.
Esta fue una norma que ingresamos como bancada legislativa del Partido Comunista y que buscaba garantizar algo muy básico, que es la continuidad de esos servicios en estado de catástrofe, que la gente pueda tener luz, agua, gas en un contexto de emergencia. El Gobierno cometió un grave error al llevar esta norma al Tribunal Constitucional con un argumento jurídico bastante pobre, era evidente que iba a ser derrotado, y fue derrotado casi por unanimidad, fue una derrota del Gobierno. Lo importante es que la gente, que vive situaciones de catástrofe como las que vimos con los temporales, tendrá la garantía, desde el punto de vista legal, de que serán activados los servicios básicos.
Esto parecía de sentido común. Se priorizaba por las empresas o se priorizaba por la gente.
Es que en la reforma tributaria que presentó el Gobierno, donde estaba la indicación de no reponer los servicios, fue pro empresarial, pro grupos económicos, en consecuencia se actuó de forma coherente de defender los intereses de las grandes empresas y no de los ciudadanos. Ha sido la tónica de este Gobierno.
¿Cuál es tu opinión de esta comisión que formó el Presidente José Antonio Kast para la reestructuración o nueva arquitectura del Estado, que la integran representantes de distintos sectores políticos?
El objetivo es bastante claro en el sentido de pretender reducir la cantidad de ministerios, lo que va en línea con un esfuerzo de ir achicando y desmantelando el Estado. Esta comisión, que políticamente se presentó como transversal, no lo es tanto, porque un elemento que me preocupa es que en esta comisión, como en la que verá eso de los contratos de empleo público, no están consideradas representaciones de los trabajadores. Eso incorpora un elemento de ilegitimidad de las comisiones.
No hay nadie del Partido Comunista ni del Frente Amplio en la comisión de nuevo Estado.
La verdad es que eso no me preocupa para nada. Lo que sí me preocupa es que no se haya invitado a los trabajadores. Se plantean cambios en el sector público, y no están los trabajadores, se plantea una reforma los ministerios y al Estado, tampoco están los trabajadores, y ese es el punto que me preocupa.
En las discusiones de agenda legislativa y otros temas, se suele escuchar que la oposición no tiene propuestas, sólo sale al paso de lo que hace o quiere hacer la actual administración.
Eso no es así, es falso. Nosotros levantamos propuestas en la discusión de la reforma tributaria o megareforma, el problema es que el Gobierno no escuchó las propuestas. Ellos quieren tramitar todo a mata caballo, de forma acelerada, teniendo en cuenta que la frágil mayoría que tienen en el Senado puede cambiar, y hacen pasar leyes prácticamente sin debate y que tendrán efectos muy graves en materias sociales, no sólo tributaria. Esta administración tiene una fuerte consciencia de clase, tiene muy claro qué intereses está defendiendo, y por eso avanza en esta agenda restrictiva y conservadora, sin ningún tipo de inhibición ni decoro para darles garantías al gran empresariado y a las grandes fortunas.