En el marco del tradicional homenaje al Presidente Salvador Allende este 11 de septiembre, las agrupaciones de derechos humanos acusaron al Ejecutivo de desmantelar avances históricos: frenos al Plan de Búsqueda, suspensión de la expropiación de Colonia Dignidad y eventuales indultos a criminales de lesa humanidad.
«El Siglo». Santiago. 12/09/2026. A las afueras del Palacio de La Moneda, donde hace exactamente 53 años las bombas y el fuego destruyeron la democracia chilena y truncaron el proyecto popular liderado por el Presidente Salvador Allende, la memoria volvió a tomarse la calle. En medio del acto de conmemoración, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), articuladas en la Coordinadora Nacional, emitieron un comunicado en el que alertaron sobre un escenario crítico: la instalación de una política de negacionismo y severos retrocesos institucionales bajo la actual administración gubernamental.
A través de una declaración pública firmada por decenas de colectivos desde Iquique y Pisagua hasta Coyhaique, las organizaciones manifestaron su profunda preocupación por las medidas adoptadas desde marzo de este año, calificando la agenda oficialista como afín y cómplice del terrorismo de Estado.
Uno de los puntos más graves denunciados durante la jornada apunta directamente al corazón del palacio presidencial: la discusión de posibles beneficios carcelarios e indultos dirigidos a agentes de la dictadura civil-militar condenados por secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Las agrupaciones fustigaron con dureza que estas medidas sean analizadas por las máximas autoridades del país, calificando la intención como una afrenta inaceptable a la memoria de miles de compatriotas que fueron víctimas del terrorismo estatal.
Desmantelamiento y trabas al Plan de Búsqueda
La declaración entregó un detallado inventario de las medidas gubernamentales que hoy asfixian la agenda de memoria y justicia:
- Paralización del Tercer Plan Nacional de DD.HH.: Fue retirado desde la Contraloría General de la República por el propio Ejecutivo.
- Trabas al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia: Denuncian una dilación deliberada en la tramitación del proyecto de ley destinado a consagrar de forma permanente e institucional la búsqueda de las 1.092 personas detenidas desaparecidas y 377 ejecutadas políticas cuyos restos aún no han sido encontrados.
- Freno a la expropiación de Colonia Dignidad: Se suspendió el histórico proceso de expropiación de este enclave del horror en la Región del Maule, emblemático por la tortura, fusilamientos y el ocultamiento de restos.
- Cierre de la Unidad de Búsqueda por Adopciones Ilegales: Se disolvió la unidad encargada de rastrear orígenes y familiares afectados por sustracciones e irregularidades en adopciones durante la dictadura.
Las organizaciones recordaron que cada ápice de verdad conseguido en el país no ha sido una concesión gratuita del poder, sino el fruto exclusivo de décadas de resistencia y persistencia popular encabezada por las madres, hermanas e hijos de las víctimas. Subrayaron además el contraste con la administración previa de Gabriel Boric, único periodo en que las agrupaciones fueron formalmente recibidas por un Jefe de Estado para comprometer la búsqueda activa con recursos públicos, frente a un presente marcado por el cierre de puertas.
Portazo ministerial y criminalización
El malestar también apuntó al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Según señalaron, a seis meses de iniciada su gestión, el secretario de Estado jamás ha concedido audiencia ni ha escuchado a las agrupaciones, ignorando de manera sistemática las reiteradas peticiones formales de reunión.
Asimismo, la AFDD y la AFEP alertaron sobre los intentos del Ejecutivo de «estigmatizar y criminalizar a los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil» a través de una reforma constitucional en materia de seguridad.
La vigencia inclaudicable de la verdad
Lejos de la resignación, el mensaje pronunciado en las inmediaciones de La Moneda dejó en claro que la movilización no claudicará. Las familias enfatizaron que la deuda del Estado permanece abierta tanto para las víctimas de la dictadura iniciada en 1973 como para quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
«Reafirmamos hoy, más que nunca, nuestro compromiso con la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición», concluye el texto suscrito por agrupaciones a lo largo de todo el territorio nacional, demostrando que, frente al avance de la impunidad y el negacionismo, la memoria de Allende y de los caídos continúa de pie.