Sofía, Hilda y María Angélica Prats Cuthbert solicitaron formalmente al mandatario abstenerse de aplicar el beneficio a exagentes de la dictadura y pidieron el envío de un proyecto de ley para derogar dicha facultad legal.
Redacción El Siglo. Santiago. 01/11/2026. Una carta abierta dirigida a la máxima autoridad del país ingresaron el 30 de octubre al Palacio de La Moneda las hijas del excomandante en jefe del Ejército, General Carlos Prats González, y de Sofía Cuthbert Chiarleoni. En el documento, que cuenta con timbre oficial de recepción de la sede de Gobierno, Sofía, Hilda y María Angélica Prats Cuthbert expresaron su rechazo a la entrega de indultos presidenciales a condenados por violaciones a los derechos humanos y solicitaron el fin legal de esa atribución.
El pronunciamiento ocurre en medio del debate público originado por rebajas de condenas penitenciarias, así como relativos a la revisión y eventual uso de la facultad de indulto. Al respecto, las firmantes expusieron que la aplicación de estas medidas sobre exagentes estatales causaría un impacto negativo tanto en la convivencia nacional como en los familiares de las víctimas que mantienen causas judiciales abiertas.
El fallo de la Corte Suprema y los antecedentes del caso
En la presentación, las autoras recordaron que sus padres fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, mediante un atentado explosivo ejecutado en el marco del terrorismo de Estado. Asimismo, detallaron que, tras una investigación judicial de 36 años, la Corte Suprema de Justicia ratificó el 8 de julio de 2010 la responsabilidad penal de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), estructura integrada por oficiales del Ejército de Chile.
A partir de estos antecedentes, la carta fundamenta que los delitos cometidos durante la dictadura civil y militar constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el derecho internacional y la legislación local. Sobre esta materia, el texto subraya que tales actos fueron perpetrados por funcionarios públicos contraviniendo el ordenamiento jurídico chileno y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado.
Argumentos éticos, jurídicos e institucionales
El documento señala que, si bien el ordenamiento vigente otorga al Presidente de la República la atribución administrativa de conceder indultos particulares, su ejercicio en estos casos carece de legitimidad ética frente a los estándares de derechos humanos. «Indultar a quienes cometieron crímenes de Lesa Humanidad es éticamente insostenible. Es impunidad, y la impunidad corroe la conciencia moral de una nación», sostiene la misiva.
Junto con ello, las hijas del General Prats plantearon un cuestionamiento en el plano institucional castrense, al indicar que beneficiar penalmente a quienes participaron en el homicidio del otrora jefe de la institución castrense vulnera los principios de las Fuerzas Armadas: «Indultar a oficiales de Ejército condenados por asesinar a un Comandante en Jefe que fue fiel a su juramento de defender la Constitución y las leyes, ofende el honor de las Fuerzas Armadas».
Petición legislativa
Hacia el término de la carta, las hermanas Prats Cuthbert solicitaron formalmente que el Ejecutivo desista de utilizar la figura del indulto presidencial con personas condenadas por delitos de esta gravedad.
En su lugar, requirieron la redacción e ingreso de un proyecto de ley al Congreso Nacional orientado a derogar dicha prerrogativa, argumentando que «la reconciliación se construye logrando verdad y justicia para las víctimas».