En una semana de gestión, la administración de José Antonio Kast mostró su rostro ideológico y sus intenciones políticas y administrativas. Sacó del Congreso el proyecto de negociación ramal que beneficiaba a asalariados, acotó la gratuidad en educación superior, dio portazo a Plan de Derechos Humanos 2026, retiró 43 decretos de protección medioambiental, y revivió obligación de familias de pagar el CAE. Junto con eso, planteó dudas respecto a derechos de las mujeres como la sala cuna universal y el aborto legal. En paralelo, el gobierno impulsó beneficios a grandes empresarios y financistas, principalmente con la baja de impuestos. “Sumando y restando, se llega a la rápida conclusión de que el gobierno de Kast está impulsando una refundación del neoliberalismo en Chile” sostuvo el presidente del PC, Lautaro Carmona. El senador del FA, Diego Ibáñez, indicó que mientras se restringen derechos sociales para el pueblo, “para las grandes empresas (se) anunció bajar su tributación y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital”.
“El Siglo”. Santiago. 22/3/2026. En la primera semana se gestión, el gobierno de José Antonio Kast dio impulso a un paquete de medidas, acciones y anuncios que constituyeron una verdadera ofensiva política y administrativa y que comenzó a perfilar el contenido ideológico y los propósitos concretos de la nueva administración.
La lista puesta sobre la mesa, da cuenta del impacto de los objetivos trazados por el gobierno de Kast.
Entre ellas, resaltan el retiro del Congreso del proyecto de negociación ramal; la restricción en el acceso a la gratuidad en educación superior; el denunciar y obligar a pagar a deudores del CAE (Crédito con Aval del Estado); sacar desde la Contraloría el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029 y 43 decretos de protección del medioambiente; bajar de 27 a 23 por ciento el impuesto a grandes empresas; bajar el impuesto a ganancias del gran capital; bajar impuesto de herencia; suprimir pago de contribuciones a propietarios de tercera edad en primera vivienda; bajar en un 3% el presupuesto de ministerios.
Junto a lo anterior, se adelantó desde la administración de Kast que habría problemas presupuestarios para echar adelante el proyecto de Sala Cuna Universal, se desvió la mirada sobre el proyecto de aborto legal ingresado al Congreso, se planteó la posibilidad de indultar a uniformados procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos en el marco de la revuelta social de 2019, se echó a andar una iniciativa para limitar o eliminar la legislación de interrupción de embarazo en tres causales, se puso sobre la mesa la eliminación de feriados irrenunciables y se planteó la opción de eliminar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), a través del cual el Estado amortigua las alzas en el precio de los combustibles. Hay que agregar el reimpulso del Ejecutivo a 15 iniciativas en materia de seguridad y migración, que contrastó con el retiro o “quitada de piso” a proyectos de corte social.
El análisis de las medidas constata que van en contra de derechos y marcos positivos en ámbitos del trabajo, de derechos humanos, del medio ambiente, de estabilidad económica de las familias chilenas, de derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, contempla una serie de beneficios para las grandes empresas, los consorcios financieros, los gremios patronales y el sector del 1% de multimillonarios del país.
“Refundación del neoliberalismo en Chile”
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sintetizando la arremetida del gobierno, señaló que “para la clase media el gobierno anunció el aumento del precio de la bencina, la posible eliminación del Mepco, embargos para los deudores del CAE, y eliminar beneficios de la gratuidad. Para las grandes empresas anunció bajar su tributación y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital”.
Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, fue más allá. En declaraciones a diversos medios de prensa sostuvo que “las medidas que implementa el gobierno implican sí o sí retrocesos en derechos laborales y sociales conquistados en las últimas décadas” y frenar otros avances. Enfatizó que “sumando y restando, analizando los proyectos, se llega a la rápida conclusión de que el gobierno de Kast está impulsando una refundación del neoliberalismo en Chile”.
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expreso que “nos preocupa que haya retrocesos en materias tan importantes como, por ejemplo, la protección de áreas marítimas protegidas, que ha sido una política de Chile impulsada por largos años”.
Para José Manuel Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lo que está haciendo la administración actual rompe el diálogo social en el país, debilita derechos colectivos de los trabajadores, instala focos de tensión entre el Ejecutivo y el mundo sindical y no permite discusiones ni siquiera a nivel legislativo sobre proyectos laborales.
Se indicó desde la multisindical que haber retirado el proyecto de negociación ramal debilita la capacidad de negociación de los trabajadores y genera problemas para la defensa de derechos y reivindicaciones de amplios sectores productivos del país.
Desde el ámbito de los derechos humanos se expresó preocupación y cuestionamiento por el retiro del Plan de DDHH que contemplaba 175 acciones en áreas de justicia, igualdad, memoria, derechos civiles, al tiempo que el Ejecutivo se muestra interesado en priorizar por el indulto de uniformados que violaron derechos humanos. Esto despertó dudas respecto a si el gobierno continuará con el Plan Nacional de Búsqueda de más de mil 400 detenidos desaparecidos, y seguirá con el apoyo a los Sitios de Memoria.
Desde representaciones del mundo medioambiental se hizo ver que el retiro de decretos afectará áreas protegidas, la creación del Parque Nacional Mar de Juan Fernández, la protección del pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales y nuevas áreas protegidas en salares de Atacama. También deja al descuido la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, el Plan Sectorial de Adaptación de Biodiversidad, la Estrategia Climática de Largo Plazo, el despliegue del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y normas sobre recuperación de especies, clasificación de ecosistemas y gestión de especies invasoras.
El alcalde de la isla Juan Fernández, Pablo Manríquez, declaró, en uno de los casos afectados por la decisión del gobierno central, que “para nosotros, evidentemente, es un retroceso, y espero que no se mezcle, que sea como una forma de reprochar una política de gobierno que no lo es, porque la política de protección de las áreas marinas protegidas en Chile es una política de Estado, no de gobierno, y que viene desde el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera”.
Sobre ese asunto, la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, indicó que “lo inédito es que se hayan retirado la totalidad de los decretos supremos que estaban en Contraloría, porque uno puede entender que hay ciertos temas prioritarios o políticas públicas que el Ejecutivo que entra decida revisar, pero que haya sido la totalidad es algo que es muy extraño y las explicaciones dadas por el ministerio no dan una respuesta ni claridad al respecto”.
En tanto, desde vocerías de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril) y otras entidades empresariales y financieras se valoraron positivamente las medidas que está tomando el gobierno de José Antonio Kast.