Delincuentes venezolanos, un área de inquietud

El asesinato del Teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, a manos de criminales venezolanos, y los nuevos antecedentes en torno del secuestro y homicidio del exmilitar Ronald Ojeda, que indican que los autores están en Venezuela, son episodios que volvieron a abrir el tema de homicidios, secuestros y robos con violencia perpetrados por personas originarias de ese país y, de paso, tensionando las relaciones chileno-venezolanas. En 2024 se firmó un convenio que promovería y mejoraría la relación en materia de colaboración policial entre Chile y Venezuela, pero hoy se cuestiona su efectividad. Las cosas se volvieron color de hormiga cuando el Canciller venezolano negó la existencia del Tren de Aragua, banda criminal que ha operado en Chile. En medio de todo el Presidente Gabriel Boric tuvo que “llamar a consultas” al embajador chileno en Caracas y demandó “la colaboración del Gobierno venezolano en el esfuerzo para esclarecer esta investigación”, del caso Ojeda.

Patricia Ryan. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 13/4/2024. El asesinato del Teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez Soto, a manos de delincuentes venezolanos, al menos uno con antigua orden de expulsión  de Chile, volvió a poner el tema en un área de inquietud. Sobre todo para la ciudadanía, más allá de vocerías oficiales y de cruces de palabras y acusaciones entre representantes del oficialismo y la oposición.

Hay que recordar que hace un año, también delincuentes venezolanos mataron a tiros al Cabo de Carabineros, Daniel Palma.

Y es que se ve una continuidad de delincuentes de origen venezolano inmiscuidos directamente o como actores secundarios en homicidios, secuestros,  robos con violencia, hurtos y agresiones a personas.

Al tiempo que retomó fuerza el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, con nuevos antecedentes y la afirmación del Fiscal Héctor Barros, de que “esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”.

Extraoficialmente se establece que grupos delictivos e irregulares procedentes de Venezuela están bajo vigilancia e investigación. Pero también se constata un escrutinio negativo de la ciudadanía sobre venezolanos y venezolanas, sobre todo quienes están en situación irregular e incluso prestan servicios o están en el comercio y que suelen tener actitud de maltrato y prepotente hacia las personas.

Como era de esperarse, el asesinato del Teniente Sánchez reactivó aristas respecto a la situación de seguridad en el país, pero también de migración, ya que el venezolano muerto en el tiroteo, tenían orden de expulsión del país. La Intendencia de Tarapacá había ordenado en 2020 a la Policía de Investigaciones que procediera a la expulsión “del territorio nacional al extranjero Julio César González”. Algo que no ocurrió. ¿Cuántas situaciones similares habrá en el país?

Como sea, el Presidente Gabriel Boric, ante el nuevo episodio de violencia declaró que “el Estado trabajará para impedir la impunidad de los responsables del crimen”. Dijo que “en Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos, los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar, deben saber que no van a quedar impunes”.

En contraste, varios alcaldes de la oposición indicaron que “los delincuentes se ríen en nuestra cara porque saben que no les pasará nada” y la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei, afirmó que los hechos delictivos responden a “la débil respuesta y acción de nuestro Gobierno y del Estado”. Añadió que “las investigaciones llegan tan tarde que mientras tanto los tribunales le están dando salida nocturna y en ese momento se fugan. Chile está desesperado, el crimen organizado nos está arruinando como país, nuestra vida cotidiana, la economía y lo que uno ve es una desconexión y una falta de acción que es inaceptable”.

En un comentario en Radio Universidad de Chile, el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, expresó que “estamos viviendo una situación extraordinariamente crítica en Chile” e indicó que “la reacción de la dirigencia política y de los medios (de comunicación) es patética, son solo cuñitas, porque ninguna da cuenta y exige lo que Chile requiere, lo que es un gran acuerdo nacional que implique financiamiento, recursos, medidas preventivas, empuja mucho más de lo que se empuja los acuerdos con países vecinos”.

¿Funciona el convenio chileno-venezolano?

Ante la ola delictiva de origen venezolano, sobre todo con activación de bandas del crimen organizado, las autoridades chilenas buscaron acercamientos y coordinaciones con sus pares venezolanas.

En enero de 2024 se firmó, en la ciudad de Caracas, un convenio que promovería y mejoraría la relación en materia de colaboración policial entre Chile y Venezuela. Pero hoy se cuestiona su efectividad, sobre todo dadas las malas relaciones diplomáticas y políticas entre los gobiernos de ambos países. Por lo demás, se indica que las entidades judiciales y policiales de Venezuela no están colaborando con Chile ni cumpliendo ese acuerdo.

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, indicó en su momento que “es un convenio de colaboración policial, por lo tanto, no es un convenio de colaboración política. Es un convenio en que las policías, la PDI por el lado de Chile y el cuerpo de investigación policial en el caso venezolano, por lo tanto, sus contrapartes policiales, entre ellos, intercambian información que permiten identificar líderes de organizaciones criminales, detenerlos y por supuesto desarticular esas organizaciones”.

Sin embargo, el propio subsecretario Monsalve declaró ahora a la prensa que “la implementación de ese convenio requiere de dos elementos que no han ocurrido. Uno, que es que Venezuela nombre una contraparte de su policía, cuestión que no ha ocurrido. Yo hace dos días hablé con la Embajada de Chile en Venezuela, volví a preguntarse que Venezuela había entregado su contraparte, que implica un nombre de la policía venezolana, con la cual tenemos que ponernos de acuerdo la policía nuestra, que es la Policía de Investigaciones para el intercambio de información. Eso no ha ocurrido, por lo tanto no se puede implementar el convenio, no se puede producir el intercambio de información en el marco del convenio sin que Venezuela nombre esa contraparte. Y después que la nombre, tienen que establecer y acordarle el formato por el cual se va a intercambiar la información. Eso no ha ocurrido, por lo tanto el convenio se firmó, pero no se ha podido implementar por las razones que les estoy mencionando. Lo que a nosotros nos corresponde ahora, quiero volverlo a decir, es exigir la colaboración de Venezuela, porque hay objetivos nacionales importantes para la seguridad del país”.

En este marco hubo voces desde la oposición y el oficialismo respecto a que, finalmente, Venezuela no colabora y que no contribuye al combate del crimen que tiene origen en ciudadanos de ese país. Incluso se señala que no está colaborando en la repatriación de venezolanos que son expulsados por cometer ilegalidades o delitos.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás de Rementería, declaró que “Venezuela se ha convertido en un problema para la seguridad de Chile, no acepta los vuelos de repatriación, no acepta entregar información, no firma el convenio que se comprometieron a firmar…”

Todo se acentúo en los últimos días cuando, para sorpresa de muchos en Chile, el Canciller venezolano, Yván Gil, dijo que el Tren de Aragua, una peligrosa y conocida banda criminal, no existía, “es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente”.

La ministra del Interior, Carolina Toha, declaró que las declaraciones de Gil “son una sorpresa porque el Gobierno venezolano ha reconocido la existencia del Tren de Aragua en innumerables oportunidades”. Luego, el Presidente Boric fue más explícito y consideró que “las recientes declaraciones irresponsables del canciller de Venezuela (…) son profundamente preocupantes, es un grave insulto”, y decidió “llamar a consultas” al embajador de Chile ante Venezuela, Jaime Gazmuri.

Colaboración en caso Ojeda

El Fiscal Héctor Barros informó que en el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, hay dos venezolanos implicados e identificados como autores del delito. Son Maikel Villegas Rodríguez y Walter Rodríguez Pérez. Walter tenía órdenes de detención previas por cometer crímenes en Venezuela. El Fiscal Barros reportó que el delincuente “está radicado en Venezuela, es contratado por el Tren de Aragua o alguna otra organización, viene a Chile, comete el secuestro con homicidio y retorna inmediatamente a su país”.

Frente a esos antecedentes y otros que vinculan el caso Ojeda a acciones desde Venezuela (“esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela” dijo el Fiscal), el Gobierno de Chile exigió que el Gobierno de Venezuela apoye las indagaciones. El Presidente Gabriel Boric dijo: “Demandamos la colaboración del Gobierno venezolano en el esfuerzo para esclarecer esta investigación”.

El Fiscal Héctor Barros indicó que “hemos hecho un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela, a efectos que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en ese país”.

El subsecretario Manuel Monsalve, señaló que “está a prueba Venezuela y está a prueba a nivel mundial, o sea a nivel internacional Venezuela va a tener que demostrarle al mundo que efectivamente está dispuesta a perseguir a los delincuentes y por tanto Venezuela tiene que rendir cuenta de cuál es el nivel de colaboración que presta para detener a dos personas que cometieron un secuestro y un homicidio en territorio nacional”.

Y llegó una respuesta desde Venezuela. El Fiscal General, Tarek William Saab, apuntó que su país “está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio, ello conforme a nuestras obligaciones nacionales e internacionales”.

Enfatizó que “Venezuela y su Ministerio Público tiene la más absoluta disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional y ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada”.

En esa línea, el Canciller venezolano expresó que “luego de establecida la comunicación entre las fiscalías generales de Chile y Venezuela, y a partir de la solicitud de un apoyo interinstitucional, se acordaría la activación de la Asistencia de Cooperación Mutua a través de los canales diplomáticos correspondientes, a fin de apoyar las investigaciones actualmente en curso”.

“El Gobierno y pueblo chileno puede tener la seguridad de una colaboración absoluta de parte de Venezuela. Procederemos a la captura de cualquier criminal dentro de nuestro territorio, que se encuentre señalado de cometer algún delito dentro o fuera de nuestro país” resaltó Yván Gil.

Las investigaciones en torno del asesinato del Teniente Emmanuel Sánchez y el proceso en torno del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, junto a otros episodios donde aparecen vinculados criminales venezolanos, el Tren de Aragua y bandas de crimen organizado, son situaciones en desarrollo donde se espera no sólo el esclarecimiento de los casos, sino que apuntan a cómo se mantendrá la colaboración y la relación entre los gobiernos de Chile y Venezuela.

Junto a eso, las inquietudes que se expresan no sólo a nivel político e institucional, sino sobre todo a nivel de la ciudadanía, respecto a delincuentes venezolanos operando en el país y la incertidumbre sobre aquellos que tienen orden de expulsión pero continúan en el país.