El complicado momento de la Corte Suprema

Varios de sus integrantes vinculados a situaciones anómalas y que ponen al Poder Judicial en un “área opaca” y de cuestionamiento ante la opinión pública. La resistencia a que haya “investigación disciplinaria” y se reactive el Comité de Ética para indagar a juezas y jueces.

“El Siglo”. Santiago. 24/6/2024. Que las últimas sesiones del Pleno de la Corte Suprema hayan sido para tratar asuntos delicados en que están involucradas e involucrados algunos de sus integrantes y se haya discutido la posibilidad de convocar al Comité de Ética y realizar investigaciones disciplinarias, habla del tenso y complicado momento que vive el máximo tribunal judicial del país.

Por lo demás, así la Corte Suprema se suma a entidades del Estado que en el último tiempo han estado ligadas a casos de corrupción, tráfico de influencias, malas prácticas y anomalías, con el consabido impacto negativo en la opinión pública.

Todo se complicó con la publicación en Ciper (Centro de Investigación Periodística) de mensajes vía WhatsApps y otras indagaciones y vocerías posteriores, que evidenciaron la existencia de recados, recomendaciones, ofrecimientos, agradecimientos y elogios entre exministros, abogados, jueces, personeros políticos, para influir en designaciones en puestos del Poder Judicial, incluida la Corte Suprema.

Eso se sumó a los conocidos antecedentes del Caso Hermosilla, que demostró las gestiones anómalas sino ilegales para incidir en decisiones de nombramientos o procesos judiciales, en que estuvieron comprometidas autoridades diversas.

En lo último conocido aparecen, nada más y nada menos, involucradas e involucrados integrantes de la Corte Suprema, como María Teresa Letelier, Ángela Vivanco y Mario Carroza.

En el caso de Letelier, vinculada a gestiones del exjuez Juan Antonio Poblete con los exministros de Defensa, Alberto Espina y Mario Desbordes, para que fuese electa por el Senado para la Corte Suprema. En cuanto a Vivanco, por mensajes de su esposo, Gonzalo Migueles, quien le ofreció al Fiscal de Aysén, Carlos Palma, un doctorado y traslado a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, a cambio de que desistiera optar a la jefatura del Ministerio Público. Carrozo, que aparece también en mensajería vinculado a gestiones que serían inadecuadas.

Todo señalado como tráfico de influencia, posible corrupción y mecanismos inapropiadas en el nombramiento y funcionamiento en el Poder Judicial, lo que incluye designaciones “a dedo” y por influencias e intereses particulares de notorios, jueces, fiscales, entre otros funcionarios.

Un entramado que genera nubes y “zonas opacas” en el desempeño y funcionamiento del Poder Judicial y que no terminan de aclararse totalmente, produciéndose inclusive una pugna entre las y los integrantes de la Corte Suprema, generando un clima que acrecienta las suspicacias y desconfianzas en el máximo tribunal judicial del país.

Un botón de muestra de aquello es que la querella que tiene interpuesta el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra la jueza María Teresa Letelier y, a su vez, la acusación judicial de Mario Desbordes en contra del INDH, todo en el marco de la mensajería vía WhatsApps.

El mal clima no que limita a aquello. La jueza de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, habría dicho en el Plenario que “soy partidaria de abrir una investigación disciplinaria en contra de la ministra” (Ángela Vivanco), de acuerdo a una nota del diario La Tercera. Al tiempo que jueces como Sergio Muñoz estaría de acuerdo no sólo en el camino de investigación disciplinaria sino de reactivar el Comité de Ética de la Suprema. Esto, en definitiva, es someter a indagaciones y posibles sanciones o recriminaciones a integrantes de la principal instancia judicial del país.

Es así que Letelier y Vivanco, en primer lugar, y otros integrantes del tribunal se oponen a ambos caminos. Es más, saliendo en su propia defensa y queriendo legitimar el procedimiento para que ella llegara a la Corte Suprema, dijo en el Pleno que “ninguno de los ministros (jueces) aquí presentes llegó al cargo por obra y gracia del Espíritu Santo”. Una alusión tácita a que todos negocian y promueven por vías políticas sus nombramientos.

Las cosas han llegado a un punto que la vocera de la Corte, María Soledad Melo, tuvo que declarar que “el Pleno de la Corte Suprema está disponible para las investigaciones que se estimen pertinentes y si existe algún delito lo determinará el Ministerio Público”.

Una complicada situación que sigue abierta y que debería esclarecer totalmente la Corte Suprema ante la opinión pública, aunque podría todo quedar simplemente enredado, sumando el descrédito de instituciones del Estado en una seguidilla de informaciones de gestiones irregulares e interesadas, sobre todo con fines políticos.